El juez ratifica prisión contra cinco imputados en la red de cobro de comisiones

El juez Santiago Torres ratificó hoy las prisiones acordadas en la madrugada del domingo contra cinco de los imputados en el 'caso Guateque', tres de ellos de la Concejalía de Medio Ambiente y dos empresarios, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por su vinculación a la red de cobro de comisiones ilegales para la concesión de licencias.

De este modo, se mantienen las prisiones provisionales contra los funcionarios Victoriano Ceballos Fernández, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente de la Concejalía de Medio Ambiente; Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental de la misma Concejalía; y Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, asesora técnica de Evaluación Ambiental.

También seguirán en la cárcel los empresarios Santiago Castillo Morales, apoderado de la sociedad AC93 --dedicada a la gestión de licencias-- y Antonio Sanz Escribano, administrador único de la empresa AB Escribano Ingenieros Consultores.

Tras las comparecencias, que se prolongaron durante más de cuatro horas, los detenidos fueron subieron a un furgón de la Guardia Civil que los trasladó de nuevo a las cárceles de Alcalá Meco y de Soto del Real.

Funcionario en prisión

Además de estas cinco personas, Carmelo García Sánchez, un funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid, se encuentra desde este martes en la prisión de Soto del Real por orden del juez instructor por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Por otro lado, la Guardia Civil puso esta mañana a disposición judicial a otra persona, de 72 años, detenida ayer por su vinculación con el 'caso Guateque'. Fuentes jurídicas informaron que el juez de guardia acordó dejarlo en libertad por su edad.

Críticas al Ayuntamiento

Antes de conocer la decisión del juez, el abogado José Luis Prada, que defiende a Ceballos, criticó la intención del Ayuntamiento que preside Alberto Ruiz-Gallardón de personarse en la causa como acusación particular, y definió el caso como "una batalla entre dos fuerzas políticas",